El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzará a juzgar desde este lunes a las 14 a una pareja y a una médica acusados de la apropiación de una beba nacida en un centro clandestino de detención. Se trata de Elena Gallinari Abinet, quien se convirtió en 1987 en la primera nieta recuperada.
Los acusados son el ex subcomisario de la Policía Bonaerense, Domingo Luis Madrid, y su esposa María Mercedes Elichart, quienes inscribieron como hija propia a Elena. También se sentará en el banquillo la médica que firmó el certificado de nacimiento falso, Silvia Marta Kirilovsky.
Elena es hija de María Leonor Abinet, una maestra secuestrada en 1976, cuando estaba embarazada de 7 meses, y de Miguel Ángel Gallinari, un obrero metalúrgico, delegado gremial y militante montonero.
Durante la primera audiencia, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Vega darán lectura a la acusación, serán indagados los imputados y declararán tres testigos, entre ellos la propia víctima, según confirmó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emiliano Lovelli.
Se prevé que el juicio concluya el próximo viernes con los alegatos y el veredicto del Tribunal Federal platense.
Madrid y Elichart llegan al juicio con prisión preventiva y detenidos, en tanto Kirilovsky goza del beneficio de la excarcelación.
Según la versión de Madrid, un compañero policía que se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones de La Plata le entregó una beba recién nacida, que él anotó como hija propia y de Elichart, para lo cual emplearon el certificado de nacimiento firmado por Kirilovsky.
En su oportunidad, la médica explicó que era vecina de la madre de Madrid y que por ésta supo que «le había llegado una nena al matrimonio» y «de favor» le pidieron que firmara el mencionado certificado.
Los padres de Abinet y Gallinari, mientras buscaban desesperadamente a sus hijos, encontraron a Elena y en 1987 lograron su restitución, convirtiéndose en la primera nieta recuperada nacida en cautiverio.
La causa por la apropiación había sido cerrada por el juez federal platense Manuel Blanco, por considerarla prescripta, pero Elena y su familia lograron que en el año 2005 se revocara ese cierre por imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
