“Ningún genocida suelto”, reclamarán los organismos en la convocatoria conjunta que realizarán el miércoles, entre otras medidas de rechazo al 2×1. El jueves se hizo una sentada frente al Episcopado. Toda la bronca, la indignación y la tristeza acumulada desde que fue anunciado el fallo de la Corte Suprema que aplicó la ley del 2×1 para reducir la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad comienza a transformarse en visibles y callejeras acciones de repudio y resistencia. “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, 1000 años de prisión para los genocidas”, rezaba la bandera que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo colgó de la reja de la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en Suipacha al 1000.
Ellas, con sus pañuelos blancos, hicieron una sentada en la vereda para rechazar el llamado a “reconciliación” que la cúpula de la Iglesia Católica impulsa entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Luego, en conferencia de prensa pidieron el juicio político de los jueces del Máximo Tribunal que, con su voto mayoritario, beneficiaron al represor Luis Muiña. Por la tarde, los organismos de derechos humanos en conjunto anunciaron la convocatoria a un “acto contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas” que se realizará el miércoles 10 a las 18 frente a la Casa Rosada.
En un primer momento la convocatoria iba a ser frente al Palacio de Justicia en la Plaza Lavalle, pero debido a los arreglos que se están realizando en el lugar, finalmente se cambió a Plaza de Mayo.
“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y se condena, se repite”, sostuvo el comunicado que firmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Además, los organismos planean hacer visible el rechazo al fallo de la Corte cerca de los escenarios oficiales previstos para las próximas visitas de mandatarios de Suecia, Italia y Alemania.
Tras la “acción relámpago” que protagonizaron ayer por la mañana siete Madres de esa organización en la puerta del Episcopado, Bonafini cuestionó a los ministros de la Corte que beneficiaron a ese condenado por delitos de lesa humanidad. “Esos jueces no van a pasar a la historia, nuestros hijos sí, los pusieron para eso, es gente paga”, dijo la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo durante una entrevista por la AM750 respecto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los dos jueces propuestos al máximo tribunal por el gobierno de Mauricio Macri y quienes fallaron a favor de la morigeración del cumplimiento de las penas a los genocidas. “La batalla callejera es la que te salva”, subrayó la dirigente.
Las Madres permanecieron allí hasta el mediodía y luego realizaron un acto y conferencia de prensa en Plaza de Mayo con la presencia de Carlos Rozanski, ex juez del tribunal federal que condenó al represor Miguel Etchecolatz, y los letrados Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, quienes pidieron el juicio político contra Rosatti, Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. “En Santa Fe nos reunimos abogados y abogadas de todo el país para decidir las medidas que vamos a tomar, que desde ya van a ser todas: el pedido de juicio político, la denuncia penal”, anticipó Llonto.
Por su parte, los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo el jueves 11 a las 17, para que “todo el país convierta ese día en una jornada nacional contra la impunidad y la represión”.
En tanto, las rondas de las Madres en Mar del Plata y en Rosario de ayer fueron masivas para repudiar el “indulto encubierto” que significa el fallo de la Corte para centenares de represores.