El padre de la joven de 26 años que falleció el 1º de enero de 2016 en una fiesta en una quinta de Melchor Romero, denunció penalmente a Julio Garro, por presunto “abuso de autoridad genérico” y “omisión de los deberes de oficio”.
La denuncia fue presentada mientras se realizaba una radio abierta en las puertas de la fiscalía platense de 7 entre 56 y 57, para exigir que no se eleve a juicio la causa hasta que no se sustancie la investigación correspondiente sobre las pruebas solicitadas por la familia.
La presentación del padre de la víctima, que ingresó en la fiscalía en turno de Leila Aguilar, apuntó a que el Intendente Garro sostuvo en su puesto a Piqué, pese a la imputación en su contra. “Omitió deliberadamente la suspensión preventiva que establece la normativa vigente y que debió recaer sobre el comisario retirado Daniel Omar Piqué, a partir del mismo momento en que fuera imputado de un grave delito el día 8 de septiembre de 2016”, expresó Uscamayta Curí.
“Si bien no existe un plazo legal específico para el dictado del acto administrativo de suspensión preventiva del funcionario imputado, lo cierto es que -Garro- no hizo lo que debía hacer por mandato legal”, agregó. Según consignaron diarios de La Plata, a través de la denuncia, el padre de Emilia recordó que Piqué continuó como titular del área de Seguridad hasta el 30 de diciembre pasado, cuando renunció al cargo.
En tanto, familiares, amigos y compañeros de la estudiante de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP pidieron el apartamiento del fiscal Álvaro Garganta por frenar y entorpecer la investigación y que el intendente desvincule definitivamente a Daniel Piqué como asesor y a todos los funcionarios procesados en la causa.
El abogado de la familia, Adrián Rodríguez Antinao, explicó la situación actual de la causa y, en ese sentido afirmó que: «el fiscal Garganta ha elevado la causa a juicio, pero fue todo tan rápido e imprevisto que no se indicó cuales fueron los fundamentos para tomar esa determinación. En un breve escrito se limitó a decir que por una economía procesal daba por concluida la investigación. Lo cierto es que no hay ninguna persona privada de su libertad y, por eso, no vemos porque la justicia debe ceder ante la economía procesal”. Luego afirmó que “con esta novedad, veo un claro favorecimiento hacia los imputados. Por eso, en las próximas horas vamos a pedir el apartamiento del fiscal Garganta de la causa, ya que su desempeño hasta el momento ha sido muy pobre y, prácticamente ilícito”.
La causa sigue caratulada como “homicidio culposo y doble desobediencia” porque los organizadores avanzaron con el desarrollo de la fiesta a pesar de haber sido notificados en diversas oportunidades por la Subsecretaría de Control Urbano para que suspendieran su realización. Por el hecho están imputados los cuatro empresarios responsables de la fiesta: Raúl Ismael García; Carlos Federico Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.
