Este martes se cumplen diez años del asesinato del docente Carlos Fuentealba en Neuquén, a manos de la represión policial ordenada por el entonces gobernador Jorge Sobisch, quien a su vez era asesorado por el actual secretario de Seguridad del gobierno nacional, Eugenio Burzaco. El aniversario llega en el marco de la lucha docente frente a la avanzada del gobierno de Mauricio Macri.
Por Vicky Castiglia / En ese contexto, AgePeBA dialogó con el secretario general de ATE Neuquén, Marcelo Guagliardo, quien denunció que en esa provincia, “hay un poder político que habilitó que durante el sobichismo se recurriera sistemáticamente a la represión de la policía para responder a la demanda social, en la que el caso Fuentealba fue el punto culmine de la escalada represiva, y además hoy eso sigue siendo una reaidad”.
Fuentealba fue asesinado el 4 de abril de 2007 luego de participar de una medida de fuerza del gremio ATEN en Arroyito –en las rutas 22 y 237- , que fuera violentamente reprimida por orden del comisario Mario Rinzafri. Cerca del mediodía, viajaba de regreso en la parte trasera de un Fiat 147 junto a dos compañeros. A unos ocho metros, el cabo José Darío Poblete disparó un proyectil de gas lacrimógeno con su pistola calibre 38.1, que atravesó la luneta del auto e impacto en la cabeza del maestro.
Poblete fue enjuiciado, como autor único, y se le impuso la pena de prisión perpetua en 2008 y se abrió otra causa, denominada Fuentealba II, para investigar el accionar de los funcionarios públicos aunque todos quedaron libres de culpa y cargo. Al respecto, Guagliardo contó que en febrero, se realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras conocerse la sentencia de esta última causa, para denunciar “una grave violación a los Derechos Humanos, un crimen institucional y dos lesiones claras constitucionales: la violación al deber del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, y la violación de un derecho fundamental para la víctima, como es el de la tutela judicial efectiva, que le permita conocer la verdad”.
Tanto el dictamen de la Justicia de Neuquén como la asunción de Burzaco el frente de la secretaría de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri dan cuenta para el gremialista “de cómo el poder judicial termina operando como protección al poder político”. “Nosotros exigimos que se investigue la planificación y ejecución de los hechos pero la justicia de Neuquén nunca se dispuso a investigar cómo se debía para dilucidar lo acontecido en Arroyito, que lo agotaron en la autoría material del cabo primero”.
Respecto a la situación actual de los docentes tanto en su provincia como en el resto del país, Guagliardo afirmó: “se ha agravado a partir de la decisión del gobierno de Macri de desconocer la paritaria nacional y la Ley de Financiamiento, y de negar la posibilidad de una instancia de discusión que permita fijar un piso salarial y mantener un compromiso del Estado nacional en términos de política educativa y de financiamiento para sostener, junto con los presupuestos provinciales, a todo el sistema educativo en la Argentina”.
“Actualmente, 18 provincias aun están sin resolver la cuestión de los salarios, pero también hay una amenaza cierta de un desfinanciamiento que ya se experimentó el año pasado con la sub-ejecución presupuestaria de partida que estaban destinadas a la educación”, dijo el gremialista y agregó: “Esta situación es gravísima porque nos remonta a los ‘90, cuando se operó el proceso de transferencia de las escuelas a las provincias sin presupuesto, lo que generó desigualdades muy notorias entre unas y otras.Tuvimos una Argentina en la que durante muchos años, cada provincia pudo sostener lo que le daba su presupuesto. Esto generó condiciones de desigualdad muy notorias entre aquellas provincias que contaban con los recursos y las que no”.
Esta semana los docentes de Neuquén mantienen sus medidas de fuerza frente a la insuficiencia de las propuestas formuladas por el gobierno provincial. El rechazo del gremio es unánime.
Pero no sólo los maestros neuquinos enfrentan la avanzada del gobierno de Mauricio Macri. En la provincia de Buenos Aires por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal busca suspender la personería gremial a aquellos que no aceptan su propuesta de canjear al ausentismo por un sueldo básico. El aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba llega entonces en un contexto de ofensiva revanchista por parte de la nueva gestión contra los derechos adquiridos por los docentes.
