.
A través de un informe, el fiscal general subrogante de Mar del Plata, Pablo Larriera, y la secretaria de la Unidad Fiscal que interviene en esa ciudad en casos de terrorismo de Estado, Romina Cavallo, señalaron que Hooft «impone a sus acusadores cargos criminales cuando es él quien debe responder por las imputaciones que se le formulan».
Hooft está imputado por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, entre los delitos más graves, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como «La Noche de las Corbatas».
«Esos delitos no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft», señala el informe que publica el portal «fiscales.gob.ar».
Según la fiscalía, el juez «proporcionó adecuada cobertura judicial a los responsables de las causas que debieron investigarse».
Agregan que Hooft, quien se negó por quinta vez a prestar declaración indagatoria, «ha pedido la nulidad de su citación, recusó al juez ahora actuante y finalmente, luego de presentar una supuesta grabación subrepticia al fiscal de la causa que pidió su indagatoria, denunció penalmente a la totalidad de los fiscales, al juez y al abogado querellante César Sivo por asociación ilícita, un día antes del último llamado a indagatoria».
La grabación aludida, que fue desmentida públicamente por el propio involucrado, corresponde a un audio donde el ex fiscal de la causa, Claudio Kishimoto, supuestamente le cuenta a Federico Hooft, hijo del imputado, funcionario judicial federal y además su abogado defensor, que la causa era un «gran verso».
La investigación de la actuación de Hooft como juez durante la dictadura fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos en 2006 y por organismos de derechos humanos, y luego requerida por la fiscalía.
Recientemente se sumó el Tribunal Oral Federal de La Plata, tras el juicio oral que juzgó en Mar del Plata los crímenes en la causa Base Naval II, cuando ordenó investigar el accionar del magistrado en crímenes del terrorismo de Estado.
