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Teniendo en cuenta que una de las principales críticas de los legisladores al Poder Judicial fueron los prolongados tiempos que se necesitaron para dar exactitudes sobre la cantidad de fallecidos, desde la Cámara alta no quieren dejar pasar más tiempo para comenzar a redactar el informe que será entregado junto a los demás restantes de otras siete comisiones.
Durante las exposiciones que se desarrollaron en el marco de la investigación, la comisión escuchó al juez en lo Contencioso, Luis Federico Arias, al juez de Garantías, Guillermo Atencio, al defensor penal juvenil, Julián Axat, los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Jorge Paolini, y la procuradora General de la Provincia, María del Carmen Falbo.
A su vez, el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Héctor Negri, presentó la semana pasada un informe por escrito detallando su visión de los hechos en torno a la inundación, ya que no aceptó participar de las jornadas de testimonios en el Senado por “cuestiones de agenda”.
El intendente local, Pablo Bruera, por su parte, prefirió no dar declaraciones para contribuir con la investigación que se encabeza desde la Cámara alta, mismo camino que había seguido anteriormente el director de la morgue platense, Sergio Marano.
Los testimonios de los diversos funcionarios judiciales y la documentación recolectada y relacionada a la tragedia que hasta el momento dejó un saldo de 67 víctimas oficiales, serán reunidos y analizados para finalmente producir un informe que será remitido al presidente del Senado, Gabriel Mariotto.
Por otro lado, la investigación sobre los posibles certificados de defunción adulterados y las responsabilidades penales de los funcionarios públicos continúa al mando del fiscal Paolini, quien reúne las dos causas en su juzgado tras el apartamiento voluntario del fiscal Condomí Alcorta.
Al mismo tiempo, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Arias, continúa con la investigación para determinar el número real de fallecidos y la identidad de los mismos.
Desde el comienzo de la búsqueda, Arias mantiene que el número de muertos es aún mayor al oficial. Además, tal como le había adelantado a esta agencia, el juez confirmó que en el cementerio local hay menores sepultados desde la fecha del temporal, pero que no se corresponden con los datos con los que están consignados en el Registro de las Personas.
Más allá de la intención de acelerar la investigación por parte de los legisladores, aún puede haber más entrevistados, ya que en el último encuentro de la comisión se planteó la posibilidad de citar a declarar a funcionarios municipales y provinciales.
De esta manera, la próxima semana se espera que los senadores que componen la comisión comiencen a redactar el informe, que ayude a esclarecer lo ocurrido luego del temporal y brinde diversas certezas sobre el tratamiento de los fallecidos, principal cuestionamiento hacia el Gobierno provincial tras las inundaciones.
