Por Carlos López | El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, amenazado con pintadas esta semana, charló con esta agencia sobre el impacto negativo que generaría la aplicación de la ley que limita las excarcelaciones de detenidos por portación ilegítima de armas de fuego
La norma impulsada por el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, fue recientemente suspendida por la Suprema Corte de la Provincia mientras analiza un recurso de inconstitucionalidad de organismos de derechos humanos, juristas y defensores públicos.
Arias no sólo se manifestó en contra de aplicar la norma, sino que aseguró que “no se entiende la ley de Casal porque las mayorías de las armas ilegales provienen de las mismas fuerzas de seguridad”.
“Tenemos que limitar la cantidad de armas de la policía si es que queremos que no haya armas en la sociedad”, remarcó el magistrado.
En relación a la utilización política de los homicidios de Karen Campos, en Junín, y del rugbier Juan Pedro Tuculet, en La Plata, Arias explicó que “en la provincia de Buenos Aires hay algunos funcionarios que están más preocupados por la actividad política que por la gente, y esa es una forma de violencia también”.
“Es normal que la gente reaccione como reaccionó en Junín porque la regla que tenemos actualmente es: ‘sálvese quien pueda’. Necesitamos dar un mejor ejemplo desde las instituciones del Estado”, agrego el juez.
Con respecto a la situación de los jóvenes alojados en centros de menores de la provincia, donde se registran torturas y condiciones deplorables de detención, Arias comentó que “es necesario un cambio que nazca desde la sociedad, porque todo se generaliza y se crea una estigmatización muy grave sobre los pibes pobres”.
“Esto da lugar al gobierno provincial a utilizar la demagogia punitiva porque es un discurso legitimado”, completó.
A su vez, dijo que “en la Provincia hay un alto grado de violencia institucional en las cárceles, en la actuación de la policía, en las intervenciones con menores en situación de calle, pero sobre todo hay una violencia estructural, simbólica, que es más difícil de detectar. Esta violencia se da a través del abandono de algunos funcionarios”.
Amenazas
En los últimos días, apareció en las paredes del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, ubicado en 11 entre 49 y 50, una pintada para amenazar a su titular: “Arias, se viene la cuenta regresiva. 10, 9, 8…”. No se trata de la primera intimidación. El año pasado, personas no identificadas llegaron a ingresar al lugar y rociaron todo con combustible.
Luego de una denuncia de Arias, la Suprema Corte de Buenos Aires, por intermedio de su presidente, Eduardo De Lázzari, intervino para reforzar su custodia policial e instalar cámaras de vigilancia en las instalaciones del Juzgado.
Arias contó que “hemos tenido una respuesta favorable después de tantos años de amenazas”, aunque se quejó por la falta de “apoyo institucional” porque, más allá de la acción de la Corte, “no pasó lo mismo con el Colegio de Abogados, ni la Asociación de Magistrados, ni de la Asociación Judicial Bonaerense”.
“No me preocupa mi integridad física, sino la de las personas que trabajan conmigo, como me preocupa que cualquiera pueda rociar a un juzgado con nafta o cortar las calles aledañas impidiendo la entrada a las personas, y que esto se tome como natural y hasta con cierta apatía. Es necesario ponerle límites a esta situación”, subrayó.