“Venimos realizando informes periódicamente desde el año 2000, y lo que notamos ahora en comparación con los anteriores, es un aumento en la violencia institucional contra víctimas menores de 18 años. Por ejemplo, el anterior informe que era un muestreo de seis meses, había 44 víctimas, mientras que el actual, que abarca cuatro meses, da cuenta de 100 víctimas, más del doble en menos tiempo”, dijo Coriolano
“Lo preocupante es que no se están tomando medidas para que esto deje de ocurrir; entonces reiteramos el diagnóstico y solicitamos una serie de medidas como es la puesta en marcha del mecanismo provincial de prevención de la tortura”, destacó el titular de la Defensoría de Casación bonaerense.
En ese sentido, también pidió por la “implementación urgente de la policía judicial”, y remarcó “la importancia de la generación de una comisión de encuesta, es decir, de un comité de expertos que haga un informe en un plazo determinado”.
Además, consideró que “debemos exhortar al Estado a que se comprometa a tomar medidas complementarias para la reducción de la violencia institucional, ya que no están dando resultado estas políticas que desde el año 1999 para acá se vienen aplicando en la Provincia, y llegó el momento de implementar un modelo alternativo”.
Mario Coriolano, titular del organismo que investiga la violencia institucional, respaldó la aprobación Senado bonaerense que determinó la expropiación del destacamento policial donde estuvo detenido Luciano Arruga: “concretar estas medidas de reconstrucción de memoria y verdad y justicia, es una obligación del Estado y son ejemplos a seguir”, remarcó.
En esa sintonía, también respaldo el pedido de juicio por mal desempeño que viene impulsando el titular de la Cámara Alta bonaerense, Gabriel Mariotto contra los dos fiscales y el juez que intervinieron en la primera etapa de la investigación sobre el paradero de Luciano Arruga: “es importante que se avance en jury de enjuiciamiento”, explicó Coriolano.
De esa manera, el titular de la Defensoría de Casación bonaerense reclamó que “hay que avanzar en la investigación, y sanción en su caso, a los responsables de las graves violaciones, lo que incluye también al Poder Judicial; eso debe ponerse en marcha”. Y añadió que “venimos pidiendo la creación de la Policía Judicial desde el 2001 y creemos que si bien fue un avance la sanción de la ley, viene muy lenta su implementación”.
