Por Germán Celesia / “Cada legislador bonaerense le cuesta 16 millones de pesos anuales a la provincia”, es el título central de la edición La Nación del sábado 3 de mayo. No por recurrente, la falsedad deja de serlo, ya que ningún funcionario del poder legislativo dispone para sí de esa suma de dinero. Y si se redujera a la mitad la cantidad de diputados y senadores provinciales, no habría una merma equivalente de recursos destinados a la actividad legislativa. Además, con el mismo criterio podría afirmarse que el gobernador “le cuesta” a la Provincia la totalidad del presupuesto a cargo del Poder Ejecutivo. Es más, decir que un funcionario elegido democráticamente “le cuesta” a “la provincia”, o a sus habitantes esa suma de dinero es una invitación a suponer que lo ideal sería suprimir ese poder del Estado para lograr un “ahorro” a sus habitantes. ¡Cosas de viejos golpistas!
El diario sostiene la nunca demostrada existencia de una misteriosa “caja política” en el presupuesto legislativo y afirma: “Los parlamentarios disponen cada uno de hasta $240.000 mensuales para contratar empleados y de hasta medio millón al año para becas y subsidios sin control”.
“La Legislatura de la provincia de Buenos Aires es probablemente uno de los mayores símbolos de la utilización de una institución como caja política”, dice la periodista María José Lucesole, sorprendiendo al lector con esa definición tajante, pese a la pobreza de la evidencia presentada.
“Maneja un presupuesto de 2.191 millones de pesos al año, lo que significa que cada legislador bonaerense representa una erogación de 16 millones por año”, dice, redundando en la falacia del título.
Luego agrega: “Dentro de este millonario presupuesto se incluyen los montos de entre 235.000 y 500.000 pesos al año que puede entregar cada legislador en becas y subsidios, prácticamente sin controles efectivos y con la posibilidad de solventar de allí favores y pagos políticos”. Aquí habla de la “posibilidad” de pagar “favores” pero reduce lo categórico del enunciado del diario. “También es importante la cifra de la que disponen para nombramientos de empleados, que oscila entre 160.000 y 240.000 pesos mensuales”, dice, con lo cual implícitamente argumenta en favor de despidos de personal legislativo.
“La magnitud de esos beneficios ha logrado que, independientemente del partido o bloque al que pertenezca el legislador, prevalezcan la defensa corporativa y los acuerdos legislativos por sobre los intentos de reforma y las demandas de transparencia. Y en algunos casos ha dado lugar a denuncias por supuestos pagos de sobornos”, dice, aunque no presenta pruebas contra acusaciones de esa gravedad.
Lucesole se atreve a denunciar “dinero a cambio de votos”, aunque siempre sin aportar pruebas documentales o testimonios que avalen las acusaciones. “Los manejos económicos llegan, según algunas fuentes, a niveles más altos. A puertas cerradas y en estricta reserva, el relato de ex empleados da cuenta de supuesto reparto de dinero en efectivo entre los legisladores a la hora de votar leyes controvertidas”, dice., apelando al caballito de batalla de las fuentes reservadas.
Así, en el párrafo siguiente, la periodista desestima el impacto que pueda tener la bancarización de los pagos, dispuesta por el vicegobernador para el Senado, recurriendo a supuestos testimonios que no revela. Con una misma metodología, el diario redunda y magnifica datos de la nota. Sostiene que el presupuesto legislativo es “una caja millonaria y sin control”, “la caja política más grande de todo el país”, donde “la falta de transparencia es avalada por todos los bloques, que usan el dinero para financiar sus partidos”. Nunca un dato ni un documento que sostenga esas afirmaciones.